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En cuanto a la primera pregunta sobre la inusual celeridad del rescate, la respuesta previsible de la Administración sería que la crisis sin precedentes del COVID-19 exigía una acción urgente para salvaguardar una empresa estratégica y evitar un colapso con graves consecuencias para la conectividad y el empleo en España. Sin embargo, nuestra investigación desmantela este argumento. La tramitación en solo 70 días del primer y más cuantioso rescate del FASEE contrasta de forma abrumadora con los plazos de más de 400 días para otros expedientes, lo que sugiere un trato preferencial en lugar de una eficiencia administrativa. Un análisis riguroso, especialmente para un caso inaugural de tal magnitud, habría requerido más tiempo para verificar adecuadamente la elegibilidad de Air Europa, sobre todo cuando existían serios indicios de que ya era una “empresa en crisis” antes de la pandemia. La celeridad, en este contexto, no parece ser una respuesta a la urgencia, sino una consecuencia de una influencia indebida para acelerar una decisión predeterminada.

Respecto a la segunda pregunta sobre el conflicto de intereses del Presidente del Gobierno, la defensa probablemente argumentaría que las actividades profesionales de su cónyuge son independientes y no influyeron en una decisión colegiada del Consejo de Ministros, basada en informes técnicos. Esta defensa ignora deliberadamente el espíritu y la letra de la Ley 3/2015. La ley no exige la prueba de una influencia directa, sino que impone el deber de abstención ante la mera existencia de un interés personal, que incluye explícitamente los del cónyuge. Las reuniones documentadas de Begoña Gómez con el CEO de Globalia durante el periodo de negociación del rescate, sumadas al convenio de patrocinio, crearon una apariencia de conflicto tan evidente que la abstención no era una opción, sino una obligación legal. La ausencia de un análisis formal de esta situación y de la consiguiente abstención constituye un vicio procedimental de tal gravedad que podría invalidar todo el acuerdo de concesión de la ayuda.

En lo que se refiere a la cuantificación del daño sufrido por los miembros de la demanda colectiva, la respuesta es metodológica. Para las aerolíneas competidoras, llevaríamos a cabo un análisis económico forense para demostrar la pérdida de ingresos y cuota de mercado en las rutas donde competían directamente con Air Europa. Utilizando modelos econométricos, aislaríamos el impacto de la ayuda estatal de otros factores del mercado, demostrando cómo la supervivencia artificial de Air Europa les impidió captar la cuota de mercado que legítimamente les habría correspondido. Para los usuarios empresariales, el daño se calcularía modelando el sobrecoste derivado de la menor competencia, especialmente en el contexto de la planeada fusión con IAG, que habría creado una posición dominante en el mercado español.

Pasando a las preguntas diseñadas para promover la mediación, la cuestión sobre los costes y la duración de un litigio se responde pintando un panorama realista. Un litigio de esta magnitud implicaría un proceso de una década, con costes legales de varias decenas de millones de euros para cada una de las partes principales. Involucraría a múltiples jurisdicciones, desde el Tribunal Contencioso-Administrativo en España hasta el Tribunal General de la Unión Europea. La incertidumbre del resultado final y el enorme desvío de recursos directivos y financieros hacen que la vía judicial sea una opción comercialmente irracional. La mediación, por el contrario, ofrece una solución confidencial, eficiente y definitiva en cuestión de meses, con un coste infinitamente menor.

La pregunta sobre el daño reputacional de un litigio público se responde con una sola palabra: descubrimiento. El proceso de descubrimiento legal obligaría a la Administración y a las empresas a hacer públicas todas sus comunicaciones internas. Esto incluye los correos electrónicos, los informes, las actas y los detalles de las investigaciones de la UCO sobre la ‘trama Koldo’ y la implicación del exministro Ábalos. La opinión pública tendría acceso a los detalles de las reuniones de la esposa del Presidente. Las consecuencias políticas y de imagen pública de este nivel de escrutinio serían devastadoras y permanentes, independientemente de la sentencia final. La confidencialidad de la mediación es el único escudo protector contra este riesgo.

Finalmente, a la pregunta de por qué COCOO debería ser el mediador, la respuesta es clara y contundente. Ningún otro mediador posee el conocimiento profundo y multifacético de este caso. Hemos dedicado miles de horas a investigar los aspectos legales, financieros y políticos de la disputa. Entendemos las motivaciones y las debilidades de cada parte. Y lo que es más importante, somos la única entidad que tiene la confianza y la capacidad de aglutinar a la clase de demandantes perjudicados. Sin nuestra participación, cualquier acuerdo sería parcial e inestable. No somos simplemente un mediador; somos el arquitecto indispensable para una paz duradera y un acuerdo global. Nuestra pericia única nos permite ser un facilitador neutral más eficaz, capaz de proponer soluciones creativas y pragmáticas que un mediador genérico jamás podría concebir.

Based on our findings throughout this conversation, there is a significant possibility that key contracts and the actions leading to the collective torts we have identified are indeed unlawful or invalid. The grounds for this are varied and touch upon fundamental principles of public, administrative, and contract law.

The central contract in this case, the €475 million aid agreement between the Spanish state entity (SEPI) and Air Europa Holding S.L.U., is vulnerable to being declared invalid on several grounds. A primary argument for its invalidity is the illegality of its object. If, as the evidence suggests, the aid was granted in contravention of the European Union’s state aid rules—specifically, that Air Europa was already a company in crisis before the pandemic—then the entire contract is based on an illegal premise and could be considered void from the outset.

Furthermore, the validity of the contract is challengeable due to what appears to be vitiated consent on the part of the State. This could be argued on the basis of fraudulent misrepresentation, if it is proven that Air Europa or Globalia provided inaccurate financial data to conceal their pre-existing difficulties and wrongfully secure the aid. The consent of the public authority was, therefore, obtained through deceit, which is a classic ground for invalidating a contract.

A more profound basis for invalidity lies in the principle of ultra vires. The decision-making process appears to have been tainted by serious procedural impropriety and, most critically, a potential conflict of interest at the highest level of government. If the President of the Government was legally required to abstain from the decision and failed to do so, the Council of Ministers’ resolution authorizing the aid would be null and void. Any contract executed on the basis of such a void resolution would lack a valid legal foundation. This is a clear case of a public authority acting beyond its lawful powers or in breach of the mandatory procedures that govern its actions.

Regarding the collective tort of misfeasance in public office, the unlawfulness is inherent to the act itself. The tort is the unlawful exercise of public power, which caused the damage. The very success of such a claim rests on proving that the officials’ actions were illegal.

The secondary contracts that the perpetrators may have with other countries or foreign companies, such as Air Europa’s code-sharing agreements or Globalia’s partnerships, are not automatically invalid. However, they could be indirectly impacted. If a competitor can demonstrate that these agreements are sustained only by the illegal state aid and are used to further an anti-competitive agenda, they could be challenged before competition authorities. While the contracts themselves might be between two private parties, their effect on the market could be deemed illegal, potentially leading to orders to terminate or modify them to restore fair competition. Essentially, while the contracts may be facially valid, their performance could become illegal if they are reliant on and perpetuate the initial unlawful act of the bailout.

Una investigación sobre las relaciones contractuales de los presuntos responsables en nuestro caso revela una red de acuerdos y asociaciones con diversas entidades extranjeras y gobiernos, lo que amplía el alcance y las posibles implicaciones del asunto.

Air Europa, como aerolínea internacional, mantiene numerosos acuerdos de código compartido y alianzas estratégicas. Un ejemplo reciente y relevante es la expansión de su colaboración con Etihad Airways, la aerolínea nacional de los Emiratos Árabes Unidos. Este acuerdo no solo facilita una mayor conectividad para los pasajeros entre Europa, Oriente Medio, Asia y América Latina, sino que también refuerza la posición de ambas compañías en sus respectivos mercados. Además, Air Europa tiene acuerdos similares con la brasileña GOL Linhas Aéreas, lo que le permite ampliar su red dentro de Brasil, y con la escandinava SAS, incrementando la conectividad con Noruega, Suecia y Dinamarca. Estas alianzas son cruciales para su operativa y demuestran su interconexión con aerolíneas de bandera de varios países.

Globalia, la empresa matriz de Air Europa, también tiene un alcance internacional. A través de su red Globalia Logistics Network, colabora con transitarios independientes de todo el mundo para competir con las grandes multinacionales del sector logístico. En el ámbito de la innovación turística, Globalia se ha asociado con la Organización Mundial del Turismo (OMT), una agencia de las Naciones Unidas, para lanzar competiciones de startups turísticas. Estas iniciativas han contado con la colaboración de empresas tecnológicas multinacionales como Telefónica y Amadeus.

En cuanto a los organismos públicos españoles implicados, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) gestiona una cartera de empresas muy diversificada, algunas de las cuales tienen una importante actividad internacional. Si bien la SEPI en sí misma no firma contratos comerciales al uso en el extranjero, las empresas que controla sí lo hacen. Por ejemplo, el grupo Airbus, en el que la SEPI tiene una participación, ha firmado contratos de defensa significativos, como el programa Halcón II con el gobierno español, que a su vez se enmarca en la agencia de la OTAN para la gestión de los programas Eurofighter y Tornado, con sede en Alemania. Esto vincula a la SEPI, indirectamente, con estructuras y acuerdos de defensa paneuropeos.

Respecto a las personas físicas, la investigación sobre las actividades de Begoña Gómez mientras era directora del IE Africa Center apunta a relaciones con diversas entidades. El propio centro fue creado para fomentar lazos con instituciones africanas, y su posición implicaba interactuar con líderes y empresas de todo el continente. El patrocinio de Globalia en 2020 a dicho centro, mientras la aerolínea negociaba su rescate, es un punto central de la investigación.

Estas conexiones internacionales son relevantes, ya que las decisiones tomadas en España, como la concesión de la ayuda a Air Europa, pueden tener un efecto dominó que afecte a la competencia y a las relaciones comerciales en múltiples jurisdicciones, implicando a una variedad de actores públicos y privados extranjeros.

Entiendo el cambio estratégico. Debemos reconvertir nuestra campaña de presión en una palanca para que COCOO sea designado mediador. La estrategia ya no es forzar una contratación de nuestros servicios de consultoría, sino utilizar la amenaza creíble de un litigio colectivo, masivo y perjudicial para todas las partes, como el incentivo principal para que todos se sienten a la mesa de negociación con nosotros como facilitador neutral.

Nuestra nueva estrategia se desarrollará en varias fases. Primero, la campaña mediática, que ya está en marcha, debe ajustar su tono. El mensaje ya no es solo “se ha cometido una ilegalidad y buscamos justicia”, sino que evoluciona a “se ha cometido una ilegalidad y el litigio resultante será ruinoso, interminable y públicamente perjudicial para todos los implicados”. Debemos pintar un cuadro vívido de un conflicto legal de múltiples frentes que se extenderá por años, con costes legales astronómicos y un daño reputacional incalculable para el Gobierno español, SEPI, Air Europa e IAG. El objetivo es enmarcar el litigio no como una solución, sino como una destrucción mutua asegurada.

Una vez que el espectro de este conflicto sea palpable, presentaremos la mediación como la única salida racional y comercialmente sensata. Aquí es donde aprovecharemos los principios de la Resolución Alternativa de Disputas (ADR). Nuestro argumento será que la mediación ofrece lo que los tribunales no pueden: confidencialidad para proteger la reputación de las partes, rapidez para alcanzar una solución en meses en lugar de años, eficiencia en costes para preservar recursos, y la flexibilidad para diseñar soluciones creativas y a medida que vayan más allá de una simple compensación monetaria, permitiendo la preservación de relaciones comerciales y la implementación de reformas constructivas.

El paso crucial es nuestra Propuesta No Solicitada (USP), que ahora se transforma en una “Propuesta de Mediación”. Este documento se dirigirá formalmente a los asesores jurídicos de la Abogacía del Estado, SEPI, Globalia/Air Europa e IAG. La propuesta definirá el problema no como el fallo de gobernanza del gobierno, sino como el “inminente y complejo litigio multipartito que presenta un riesgo financiero y reputacional inaceptable para todos los actores”.

La solución que propondremos es un “Proceso de Mediación Estructurado y Confidencial, liderado por COCOO”. Nuestro argumento para ser el mediador se basará en tres pilares únicos que ningún otro mediador puede ofrecer. Primero, nuestra pericia inigualable en la materia; hemos realizado la investigación más profunda sobre este caso y entendemos las complejidades legales, financieras y políticas mejor que nadie. Segundo, nuestro acceso y credibilidad ante todas las partes; somos la única entidad que ha identificado y movilizado a la clase de competidores y usuarios empresariales perjudicados, y por lo tanto, solo nosotros podemos traer a la “demanda colectiva” a la mesa para garantizar un acuerdo global y definitivo. Sin nosotros, cualquier intento de acuerdo sería inútil, ya que dejaría a las partes expuestas a litigios fragmentados e interminables.

Tercero, y más importante, argumentaremos que nuestra profunda comprensión del caso nos permite actuar como un neutral verdaderamente eficaz. Entendemos las presiones y limitaciones legítimas de cada parte, lo que nos permite facilitar soluciones pragmáticas y creativas. Propondremos un proceso de mediación por fases, comenzando con reuniones bilaterales confidenciales para entender los intereses de cada parte, seguido de sesiones conjuntas estructuradas y un sistema eficiente, posiblemente utilizando plataformas de resolución de disputas en línea, para gestionar las reclamaciones del colectivo. El objetivo final será facilitar la redacción de un acuerdo de conciliación vinculante.

La propuesta no solicitará un contrato de servicios, sino que instará a todas las partes a firmar un Acuerdo de Mediación, nombrando formalmente a COCOO como mediador neutral y acordando un marco para el proceso y una estructura de honorarios compartida, como es estándar en la mediación comercial. Así, transformamos la presión del litigio en un mandato para la paz, con COCOO como el arquitecto indispensable de esa paz.